Por lo sucedido en la noche del jueves 19 de enero en Lima.
Por
la cobarde e insuficiente respuesta del gobierno al ataque senderista a la
Capital.
Por su imperdonable torpeza al prescindir
de los servicios de Inteligencia del experto Juan Carlos Liendo, designado jefe
de la DINI el 18 de diciembre por Pedro Angulo, presidente del Consejo de
Ministros y retirado el 3 de enero por Alberto Otárola (PCM desde el 21
diciembre y ex abogado de Dina Boluarte durante su Acusación Constitucional del
Congreso) por haber
sostenido que las violentas protestas que siguieron al justo encarcelamiento de
Castillo eran de corte terrorista.
La torpeza aludida arriba fue seguida de
la declaración presidencial que los invitaba a los viajeros del sur a tomar
Lima. Durante la ceremonia de la inauguración jurisdiccional del Tribunal
Constitucional para 2023, el 17 de enero, Dina Boluarte dijo textualmente: “Yo los llamo a tomar Lima, pero en
calma y en paz, yo los espero en la casa de Gobierno para poder dialogar sobre
las agendas sociales que tienen".
¿Y el Estado de Emergencia decretado por
Boluarte y Otárola el 14 de enero? En El Peruano se lee: “A partir del 15 de enero y por 30 días calendario se declara el estado
de emergencia para los departamentos de Puno, Cusco, Lima, provincia
constitucional del Callao, provincia de Andahuaylas (Apurímac), provincias de
Tambopata y Tahuamanu (Madre de Dios), distrito de Tarata en la provincia
Mariscal Nieto (Moquegua)”. El decreto comprendía a varios tramos de la red
vial, incluyendo a la Carretera Panamericana Sur1. ¿Cómo es posible que se permitiera que cientos de manifestantes
viajaran del sur a la capital en camiones, buses y camionetas? ¿Quién diablos hace cumplir la
ley en el Perú? Esta sospechosa movilización delincuencial del campo a
la ciudad fue permitida por los que dictaron un decreto supremo que la turba
olímpicamente ignoró. Y las otras instituciones del Estado, la prensa, la
ciudadanía ¿qué dijeron?
El 18 llegaron a Lima y se alojaron en San
Marcos y la UNI. Ya la organización les tenía agua y comida y sitios donde
dormir. Mientras el rector de UNI les daba la bienvenida, la rectora de San
Marcos hizo honor a la Casa de Estudios más antigua de América condenando la
invasión delictiva y exigiendo su remoción.
El ataque a la capital del 19 de enero ha
quedado masivamente documentada por la prensa y el moderno y muy efectivo
sistema de cámaras de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Los fiscales han recolectado
minuciosa información para identificar a los terrucos que incitaban a
mercenarios vandálicos buscando muertitos, mientras atacaban salvajemente a
nuestros valerosos policías, impedidos por Otárola de usar sus armas de reglamento.
Mientras tanto, los terroristas en el sur atacaban nuevamente los
aeropuertos de Juliaca, Cusco y Arequipa, ante la ausencia de la fuerza armada.
Solo fueron repelidas por policías con escudos y gases lacrimógenos.
Es indignante la pusilánime respuesta del gobierno ante los ataques del
castro-chavismo internacional, el narco-terrorismo latinoamericano y una
camarilla de traidores a la Patria, apoyados vilmente por las ideologizadas
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Organización de Estados
Americanos. ¿O es que aún se pretende engañar a la ciudadanía como
hicieron los que traicionaron a las mayorías latinoamericanas? Cuba, Venezuela,
Bolivia y Nicaragua fueron convertidas en naciones comunistas hace ya 64, 24,
19 y 16 años, respectivamente. ¿Cuántos muertos, desaparecidos y torturados han
producido esas dantescas dictaduras, con el silencio de la CIDH y la OEA? Hoy,
el “gobierno peruano” se cuida de reprimir al neo-senderismo –a quienes solo
los denomina “manifestantes”- para evitar el “costo social”, enviando a
policías desarmados, mientras el vandalismo asesino incendia comisarías,
asentamientos mineros, oficinas descentralizadas del poder judicial, propiedad
pública, buscando asaltar aeropuertos e hidroeléctricas y hasta colgando
animales muertos de los postes; al fracasar su “toma de Lima”, dejaron en
cenizas un hermoso edificio centenario cercano a nuestra Plaza San Martin.
Lo que nos lleva finalmente a la gran pregunta: ¿Por qué no salen las
FFAA a cumplir su función constitucional? La respuesta tiene varias
interrogantes: ¿Qué hemos hecho como ciudadanía para corregir legalmente la
enorme injusticia a nuestros militares que derrotaron a Sendero? ¿Acaso los
indemnizamos como la caviarada indemnizó a los terroristas? ¿Cómo es que el
Congreso de la República y nuestros más connotados constitucionalistas hasta
ahora no hayan siquiera presentado un proyecto de ley que proteja a nuestros
uniformados por cumplir su deber constitucional?
Es indignante ver que los peruanos no sigamos el ejemplo de otros seres humanos que habitan en países de primer mundo. Nos hace falta liderazgo y tesón para preservar nuestra democracia y libertad con el fin de asegurar el progreso de nuestras próximas generaciones. Aunque parece que está surgiendo una lideresa entre nuestra juventud congresista.
REFERENCIA
