Al principio de la década de los 80, el gobierno
tildó de abigeos a las primeras
acciones senderistas en Ayacucho; el desastroso Fenómeno del Niño de 1983
complicó seriamente al país. Las fuerzas armadas y policiales derrotaron a
Sendero en 1992. Tres décadas después, sobrevino la pandemia asesina y los
comunistas tomaron el poder en 2021 utilizando uno de sus característicos
comicios fraudulentos. Hoy nos encontramos con un gobierno de transición que
reemplazó al encarcelado Castillo el 7 de diciembre pasado, pero que no sabe
qué hacer con las turbas senderistas ahora tildadas de manifestantes.
No es
necesario explayarse para describir los dos últimos meses como un caos político
y socio-económico producido por la implosión de un gobierno de incapaces,
corruptos y traidores a la patria. La gran mayoría de los 33 millones de
peruanos anhela la vuelta al orden y al trabajo que les permitan atender a sus
familias. En un gobierno infestado de caviares, su depuración ha resultado
incompleta y requiere de la impostergable cooperación de las fuerzas
democráticas del Estado. Los vándalos y sediciosos se desesperan por adelantar
elecciones e imponer una constituyente. Las mayorías nacionales exigen el
empleo constitucional de nuestras fuerzas armadas y policiales.
La
Presidente no tiene otra alternativa: O reemplaza a Otárola por un primer
ministro tipo Roberto Chiabra o se venda sus ojitos y camina por la rampa hacia
el mar embravecido. Parece haber consenso acerca de retener el orden
constitucional, pero el ejecutivo no está para mantener un primer ministro
probadamente comunista; en ese puesto necesitamos un político liberal, fuerte y
enterado. Solo entonces podrán salir los profesionales a recomponer el orden
interno, mientras una renovada cancillería expulsa a los embajadores impulsores
del castro-chavismo y a los abogados extranjeros del apresado en Barbadillo.
La lista de otras acciones es extensa, pero
destacamos algunas urgentes:
1. Es imprescindible que los congresistas
democráticos mantengan una férrea unidad conservando votaciones mayoritarias y
aprobando reformas indispensables que nos lleven a elecciones absolutamente transparentes,
incluida la destitución de Salas Arenas y sus secuaces.
2. El poder judicial, el ministerio público y la
mayoría congresal están llamados a identificar y apresar a los gobernadores
regionales responsables del desorden, así como presentar acusaciones
constitucionales a congresistas implicados en el delito de apología al
terrorismo.
3. El ministerio de Economía y Finanzas podría
adaptarse a una economía de guerra, empezando por detener el interminable apoyo
del MEF a Petroperú, especialmente ahora que la incrementada pobreza necesita
urgente atención. La Fiscalía necesita más presupuesto pues su labor está sobredimensionada.
4. Con respecto a las agrupaciones políticas
demócratas, es imperativo mantener un frente electoral responsable, desprovisto
de ambiciones, para no caer en los errores del pasado reciente. Aquí, el papel
de la prensa libre será fundamental, propiciando la unión y debates puntuales
entre candidatos; ésta es la única manera de exponer ante la población la
solvencia intelectual y capacidad de gestión de los diferentes candidatos.
Nuestros procesos electorales se caracterizan, desgraciadamente, por múltiples
encuestas durante un largo período de tiempo y escasos debates una a dos
semanas antes de ir a las urnas; es
la hora de hacer lo opuesto para realmente servir a nuestro querido Perú.
La
historia enseña que la resistencia es el camino a la victoria.
