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El miércoles 7 de diciembre cayó Castillo porque, como muchos han
expresado, cometió un estúpido e increíble “autogolpe”. Pienso que el error fue
causado por la extraordinaria y valiente labor del Ministerio Público, cuando
en julio de este año Liz Patricia Benavides Vargas fue nombrada Fiscal General
de la Nación y empezó a recibir e investigar las casi cotidianas denuncias de
corrupción difundidas por la prensa libre y múltiples autoridades estatales. El
12 de octubre, la Fiscalía presentó al Congreso una Denuncia Constitucional
contra una posible Organización Criminal centrada en Pedro Castillo,
conteniendo siete carpetas y 190 elementos probatorios. Familiares y allegados
al presidente huían de la justicia pero un número creciente de colaboradores
aportaron más pruebas, cercando a los corruptos. La presión fue tal que el
aspirante a dictador y su camarilla “saltaron a una piscina vacía”.
Como era de esperar, a diferencia de lo ocurrido en Venezuela, Nicaragua
y Bolivia, nuestras Fuerzas Armadas y Policiales honraron su uniforme y su
bandera. Esta vez el Congreso consiguió 101 votos para vacar al golpista.
Luego, no les quedó otra cosa que ceñir la banda a la vicepresidenta, cómplice
de Castillo durante 18 meses, simpatizante de los “Dinámicos del Centro”,
investigada por nepotismo (hermano y sobrino contratados por Minedu; sueldos
totalizan S/.182000) y denunciada por SAC del Congreso (su abogado es hoy
ministro de Defensa).
Volviendo al inicio de nuestra guerra no convencional
Derrotado militarmente Sendero Luminoso en setiembre 2005, nuestra
irresponsable clase política y la ausencia de liderazgo ciudadano permitieron
la recuperación ideológica y cultural del enemigo, que inició una paciente
infiltración de las instituciones judiciales y educativas para, quince años
después, capturar el poder mediante una guerra no convencional, es decir,
política e ideológica. No tenemos duda que el Perú se encontró luchando contra
el comunismo internacional, que trata de conquistar Latinoamérica para
compensar su fracaso en Europa y Asia.
Es importante destacar que la corrupción y el comunismo caminan de la
mano, especialmente en Latinoamérica. Cuando Perú Libre conquistó
fraudulentamente el poder hace 16 meses, la corrupción alcanzó niveles nunca
vistos. Los ideologizados poder judicial, ministerio público y tribunal
constitucional permitían impávidos el saqueo y el masivo desgobierno, ante la
pasividad y mansedumbre general y políticos que pregonaban enfrentar al enemigo
“dentro de la ley, la Constitución, la
democracia y el Estado de Derecho”. En este escenario, la pobreza y la
desnutrición campeaban por doquier. La guerra se perdía a pesar de la valiente
oposición de los congresistas demócratas que no podían vacar al presidente,
porque éste se dedicó a comprar el voto de un número creciente de
“legisladores”. Es justo recordar el coraje de una reducida prensa libre y de
miles de ciudadanos que salían a marchar por la democracia perdida.
Refuerzos y blindaje
Hasta que el 18 de mayo 2022, el Congreso de la República eligió un
nuevo y democrático Tribunal Constitucional presidido por Augusto Ferrero.
Semanas después comenzó a trabajar el equipo de Patricia Benavides. Estas dos
instituciones reforzaron a un Congreso infestado de una importante minoría comunista
pero apoyada por traidores comprados por un ya desesperado ejecutivo.
Por esa época, la Contraloría General de la República publicó que la
vicepresidenta Dina Boluarte hizo gestiones privadas como presidenta del Club
Apurímac siendo funcionaria del Estado. A mediados de junio la Subcomisión de
Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso presentó dos acumuladas Acusaciones
Constitucionales (268 y 269) contra la infractora del artículo 126 de la
Constitución. Sin embargo, su esperada destitución no se produjo pues la
presidenta de la SAC, Rosío Torres (congresista de APP por Loreto) encargó a
Edgar Reymundo (congresista comunista de Cambio Democrático) para que sustente
la acusación ante la Comisión Permanente. El blindaje ocurrió, cuando Reymundo
se tomó cuatro largos meses para recomendar el archivamiento de la acusación el
pasado 28 de noviembre.
Durante el primer año del desastroso gobierno de Castillo tuvieron lugar
dos intentos de vacancia, en noviembre 2021 y marzo 2022. En ambas ocasiones el
cada vez más debilitado Congreso estuvo muy lejos de los 87 votos necesarios.
Se ganó una batalla pero no la guerra
Volvamos al 7 de diciembre. Castillo está preso y la Fiscalía está muy
activa evaluando al resto de la banda criminal. Su ex socia es ahora presidenta
porque no pudo ser vacada por la ingenuidad o complicidad de la presidenta de
SAC. A media tarde pronunció su discurso “para todas y para todos” anunciando
muy oronda su trabajo hasta julio 2026.
El 8 y 9 de diciembre, la prensa escrita y hablada publicaba comentarios
y opiniones tan sorprendentes como disparatadas. Keiko salió “a saludar la
juramentación de la nueva presidenta” ofreciéndole su respaldo. Algún conocido
caviar decía “nos hemos librado de un gran problema”. Otro respetado jurista
esperaba que la señora Boluarte haga un gobierno de unidad nacional. El nuevo
presidente del poder judicial opinaba que “corresponderá a los peruanos que retomen
la senda democrática”. Imagino que hay muchos peruanos pensando que cuando se
nombre un nuevo gabinete todo volverá a la normalidad. Felizmente han aparecido
opiniones más sensatas acerca de la actual situación del país, tales como
persistencia de la gran corrupción, la peligrosa resurrección de la caviarada,
la amenaza del senderismo especialmente en el sur y una desolada población con
30% de pobreza. Unos ejemplos de lo mucho que hay que hacer son: disolver las
prefecturas y subprefecturas, volver a la meritocracia, lucha frontal contra la
pobreza, prevenir la desnutrición, eliminar la ideología en la educación de
nuestra juventud, devolver a la minería su rol protagónico, continuar el
resurgimiento de un poder judicial a niveles modernos y eficientes, establecer
un poder electoral moderno e impoluto. Nada se puede hacer con improvisación y
buenos deseos. Reafirmo que para gobernar hay que hacer la tarea: grupos de
profesionales y políticos tienen que conformar un plan de gobierno durante
muchos meses antes de proponerlo a la ciudadanía en justas electorales
preparadas mediante frecuentes debates políticos, pues las encuestas
estupidizan a la población.
Inteligencia de campaña
Proponemos que la ciudadanía comprenda que el actual gobierno solo sea de transición. Si Dina Boluarte se
rodea de un buen gabinete, lo urgente es atender a los heridos, a los que
padecen hambre y carecen de lo elemental. Hay que controlar a los senderistas
con el invalorable apoyo de las fuerzas armadas y policiales. Hay que luchar
por el país, que de ninguna manera está fuera de peligro. Y ordenar elecciones
generales en un plazo de seis meses. Un Congreso Bicameral renovado por tercios
a la mitad del período sería muy deseable. El Perú nunca florecerá sin que los
mejores administren y gestionen sus instituciones.
Hemos estado a punto de capitular ante un enemigo que pretendía
esclavizarnos. Mientras la corrupción y la desigualdad persistan no podemos
cantar victoria. Esta guerra es aún omnipresente.
