Para hablar de educación no se puede ser un “todista”. Si bien este
adjetivo no se encuentra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua,
aparece en textos de diferentes campos (filosofía, política, diseño…) del
español americano para aplicarla a la empresa o profesional que pretende
abarcar muchas áreas y no están capacitados en ninguna.
Habiendo el autor propuesto una reforma de la salud durante 17 años, el
pilar fundamental de la reforma de la
educación médica colisiona frontalmente con una institución llamada Sunedu,
que carece de independencia pues responde al Ministerio de Educación, es decir,
al Estado. La pomposamente bautizada Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria y reducida a una sigla de seis letras, fue creada en
2014 por la ley 30220, aprobada en el Congreso Humalista. La norma, presentada
por unos pocos todistas, fue aprobada en una ajustada votación (56 a favor, 45 en
contra y 3 abstenciones). Dicha ley tardó 2 años para ser reglamentada. La
entidad mencionada fue compuesta por solo 9 integrantes, siete para el consejo
directivo, uno del ministerio de Educación y otro del Concytec (Consejo
Nacional de Innovación Tecnológica).
En 2013, luego de ocho años actualizando la reforma de la educación médica,
la atención al status de nuestra educación universitaria no podía dejarse de
lado. La historia reciente se inicia con las leyes 23733, dada por Belaúnde en
1983 y 26439, promulgada por Fujimori en 1995. La primera otorgó a las
universidades autonomía académica, económica y administrativa; la segunda
facilitó la inversión privada en educación. El resultado ha sido desastroso
debido a la disfuncional proliferación de empresas universitarias dedicadas al
lucro y a la emisión de certificados sin valor académico, todo en medio de una
nebulosa de corrupción e impunidad. Hacia el 2013 habían unas 100
universidades, 60% privadas, muchas con sucursales en provincias. Era evidente
que el problema de nuestra “reforma universitaria” consistía en su deficiente sistema de acreditación y la
ausencia de indicadores de solvencia profesional de los egresados. Al
otorgar diplomas “a nombre de la nación”, nuestros centros educativos de educación
superior actuaban y aún lo hacen, como juez
y parte.
En países desarrollados el entrenamiento universitario es aprobado por
entes acreditadores independientes, Directorios Nacionales conformados por
prestigiosos pedagogos, la mayoría con una profesión distinta a la escuela
evaluada, lo que conforma la evaluación
externa. Un caso en mención es el American Bar Association, entidad creada
en 1878 y que ahora cuenta con 400,000 abogados diplomados. En Estados Unidos,
el Directorio Nacional de Examinadores Médicos se creó en 1915 para administrar
exámenes de graduación y otorgar licencia para practicar la profesión. El ente
acreditador de las escuelas médicas se creó en 1943 y funciona perfectamente hasta hoy; dicho
sea de paso, sus siglas son de cuatro letras, LCME, que se traduce como Licensing Council of Medical Education (Comité
de Licenciatura de la Educación Médica). Las entidades acreditadores para
diferentes profesiones están claramente establecidas en Europa, Norteamérica,
Australia, etc. Las universidades que enseñan Derecho, Negocios,
Administración, Ingeniería, todas tienen organismos de acreditación
independientes, con varias décadas de servicio y recientes actualizaciones por
avances tecnológicos. Los certificados otorgados mediante exigente examen constituyen documentos de
excelencia profesional. En ningún caso intervienen los organismos del estado.
Volviendo a la Sunedu, el 23/01/2016 se
aprueba las normas reglamentarias y para fin de año había completado nueve licenciaturas.
Los siguientes tres años autorizó 19, 32 y 26 universidades, respectivamente.
Durante la pandemia y hasta el 2022 licenció otros nueve centros de enseñanza
superior. Un total de 143 universidades fueron evaluadas, 95 acreditadas (47 públicas
y 48 privadas) y 46 no acreditadas (2 públicas y 44 privadas). Si bien no es
conocida la metodología empleada por esta institución, ni la calidad de sus
acreditadores, aparentes favoritismos políticos y corruptelas han devenido en
la aprobación de un proyecto de ley por el actual Congreso de la República para
modificar el consejo directivo de la entidad, algo que parece va a ser
observado por el ideologizado ejecutivo.
Adicionalmente, es crucial remarcar la
política nacional de ignorar la mencionada cultura del examen en la obtención
de pre y postgrados, con la promoción de tesis
de bachiller, graduación y hasta maestrías y doctorados para profesionales, lo
cual es claramente aplicado en el mercado laboral. La mafia de las tesis
fraudulentas, observadas desde hace décadas, ha explosionado en la actualidad
con total impunidad. El colmo ha sido la reciente publicación de RENATI
(Registro Nacional de Trabajos de Investigación), donde aparece una universidad
privada con 84,276 tesis publicadas en 30 años, escandalosamente comparadas con
las 14,461 registradas por la Universidad de San Marcos en 471 años. No es
serio afirmar que la reforma universitaria peruana ha tenido éxito.
En cuanto a la educación médica, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y nuestros
estudios sobre Estados Unidos, Canadá y 22 países europeos, han permitido
estimar la necesidad de una escuela médica por cada dos millones de habitantes.
El Perú necesitaría unas 16 facultades de medicina. A mediados de 2020 existían
46 escuelas con 52 programas de pregrado en medicina. En 2017 Sunedu elaboró
una propuesta inicial de acreditación y lo consultó con universidades,
asociación de facultades de medicina, ministerios de salud y de educación, la
oficina sanitaria panamericana y hasta docentes y estudiantes. Desde 2005 el
autor venía proponiendo abrazar los estándares empleados por el LCME, actualizados
anualmente y adaptándolos a nuestra realidad. Sunedu aprobó su modelo en julio
2019 y para enero 2020 ya tenía solicitudes de 11 escuelas.
El LCME tiene 19 miembros y continúa
acreditando escuelas médicas en Estados Unidos y Canadá. No alcanzo a
comprender cómo los 9 miembros de Sunedu pueden evaluar 143 universidades
peruanas y 52 programas de medicina. Nosotros hemos propuesto la creación de un
Directorio Nacional de Acreditación de Escuelas de Medicina, absolutamente
independiente de las influencias de los gremios médicos, las universidades, el
estado y las tendencias políticas. Se requiere de una evaluación externa, siguiendo la experiencia de Abraham Flexner.
Pero esa es otra historia. Por ahora me reafirmo en que la Sunedu no puede ni
debe intentar acreditar nuestro excesivo número de escuelas médicas. Y estoy de
acuerdo con que esta institución debe ser críticamente reformada.
