lunes, 2 de noviembre de 2020

PRUEBAS RAPIDAS: MALA PRACTICA PERUANA Y RESPONSABILIDAD JUDICIAL

 

 

El Covid-19 que se originó en China y se convirtió en pandemia el presente año ha producido en el mundo 46 millones de infectados, 1’198,569 de muertes y 440,577 nuevos casos al 2 de noviembre. El Perú posee el ominoso récord de muertos por 100,000 habitantes, con una cifra de 107.73, seguido por México (77), Brasil (76) y los Estados Unidos (71). Incluso, si las cifras mentirosas de nuestro gobierno se ajustan de los 34476 a los muy probables 80000, nuestra cifra sería de 250.

El clamor ciudadano es claro en responsabilizar al gobierno de Martín Vizcarra su desastroso manejo de la pandemia en el país. En Medicina, ello se denomina Mala Práctica.

Recordemos: al 14 de mayo, el gobierno utilizaba 84% de pruebas serológicas (446575) y solo 16% de pruebas moleculares (85594), contrariando tercamente a lo expresado por la Organización Mundial de la Salud y expertos nacionales. Ese día escribí: “no queremos pensar que el menor precio de las pruebas serológicas habría tenido relación con su masiva compra”. Era evidente que para lograr un cerco epidemiológico eficaz, se necesitaba el uso masivo de pruebas moleculares, identificando el virus y luego buscando los contactos respectivos.

Hace dos días, el Diario Expreso, informó que el 18 de marzo 2020 Martín Vizcarra, Elizabeth Hinostroza y María Antonieta Alva se reunieron con empresarios y brokers comercializadores de pruebas serológicas y, utilizando Perú-Compras y no el Instituto Nacional de Salud, pagaron S/. 100’026,487 por las “más baratas pruebas serológicas”. Los detalles aparecen en el Memorando Nº 0432-2020-EF del MEF y llama la atención que no se celebró el Acta respectiva de una Operación tan importante. Además, el día siguiente se publicó un Decreto de Urgencia (Nº 28-2020) con las firmas de Vizcarra, el premier y sus ministras. Zamora reemplazó a Hinostroza el 20 de marzo y la Mala Práctica continuó rampante. El miserable “ahorro” llevó a este grupo de incapaces a causar el invalorable fallecimiento de decenas de miles de peruanos.

La mala práctica de salud que están sufriendo los peruanos debe ser castigada por la justicia más severa. No puede haber impunidad ante tanta ignorancia e irresponsabilidad.