LA ACREDITACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PERUANAS: ¡HE AHÍ EL PROBLEMA!
En el Perú, la educación deja
mucho que desear, o expresado de otra forma, está muy desprestigiada. Durante las
últimas cuatro décadas, los maestros cayeron progresivamente cautivos de una
autoridad gremial ideologizada e ignorante, mientras proliferaban "escuelas"
e "institutos" cuya finalidad era el dinero fácil y la emisión de
certificados sin valor académico.
Si la preparación en colegios era
tan deficiente ¿qué se podría esperar de una formación superior, ya sea en
carreras técnicas o universitarias? La pregunta amerita recordar dos leyes, la
23733 dada en 1983 por Belaúnde y la 26439 promulgada en 1995 por Fujimori; la
primera otorgó a las universidades autonomía académica, económica y administrativa,
la segunda facilitó la inversión privada en educación. El resultado ha sido
desastroso. Un peruano honesto y conocedor de su país como ninguno ha dicho con
meridiana claridad: "Nadie puede
discutir que las universidades en el Perú están pasando por el peor de sus
momentos; las públicas, desfinanciadas, corroídas por la corrupción y blindadas
contra la supervisión, y las privadas, convertidas en supermercados de
ilusiones, donde se termina estafando a padres y alumnos con el cuento del
éxito a cualquier precio". Hoy tenemos unas 100 universidades, 60%
privadas, muchas con sucursales en provincias. ¿Cómo aparecieron tantos profesores? Este país informal tiene que haber asistido al
Prodigio de Canaán, por la necesaria multiplicación de maestros
itinerantes, que resultan en meros informadores más nunca verdaderos educadores.
Tenemos, pues, un complejo
problema que lleva dos décadas de existencia. De pronto, hace unas seis
semanas, la Comisión de Educación de uno de los peores Congresos de nuestra
historia republicana, pretende dar una nueva ley universitaria con la creación
de una Superintendencia Nacional de Educación Universitaria.… ¡compuesta por
solo 9 miembros para el centenar de universidades existentes! Entre lo ya
aprobado por la comisión, manifiestan su respeto por la autonomía universitaria
pero, como era de esperarse, las autoridades han visto en peligro su negocio y
han hecho una vergonzosa causa común, mezclando respetables profesores con los
bribones de nuestra alicaída enseñanza superior.
Es preciso recordar a los de la
comisión de educación que se enfrentan a un Goliat sin tener siquiera la honda
de marras. Deberían apuntar al deficiente sistema de acreditación y a la subsecuente ausencia de indicadores de solvencia profesional de los egresados. Sin
embargo, la comisión no modifica la acreditación vigente desde Mayo del 2006, cuando se creó el SINEACE y el CONEAU por el gobierno de Toledo, sistema que
obviamente ha fracasado, al aprobar todo lo que aparecía en nuestro informal
horizonte educativo. Es que eso de la "autoevaluación" y la "solicitud
voluntaria" para ser evaluados es para países como Alemania, donde no se
hacen trampas a las leyes. La
acreditación debe ser obligatoria para toda la enseñanza superior y técnica.
Además, los acreditadores deben ser eminentes e independientes pedagogos, con
profesión distinta a la escuela evaluada. Las universidades no pueden ser
juez y parte.
Pero hay más. En su proyectado
capítulo V, los "legisladores" creen que la organización académica
supone la elaboración de tesis para todo, bachillerato, graduación y hasta para
maestrías. Es sabido que muchas tesis son obtenidas fraudulentamente. Ya es hora de abrazar la cultura del examen,
como se hace en países desarrollados. En los Estados Unidos, por ejemplo, se creó
en 1915 el NBME (National Board of Medical Examiners o Directorio Nacional de
Examinadores Médicos), con el fin de administrar exámenes de graduación y
así otorgar licencias para practicar medicina. En la actualidad, el Directorio
consta de 80 miembros, todos reconocidos líderes en medicina. En el Perú, los
graduados solo tienen que conseguir su carnet del Colegio Médico para practicar
medicina. El exceso de desaprobados en
un verdadero examen de graduación constituiría un instrumento de desacreditación
firme y veraz. Desde luego, imaginamos que las actuales autoridades universitarias del
país se opondrán tenazmente a este concepto y dudamos que este Congreso siquiera
haya pensado en ello. Solo nos queda la recién despertada y potencialmente
poderosa opinión pública para imponer lo que es justo e impostergable.
Un conocido educador publicó un
reciente artículo titulado "universidades de calidad con autonomía".
Sin embargo, la calidad tiene que ser establecida con indicadores de solvencia profesional y no con simples declaraciones.
Dice el articulista que la nueva ley "debe asegurar un gobierno
universitario que esté a cargo de autoridades que tengan capacidad académica,
de gestión y ética", ilusorio objetivo muy difícil de convertirse en realidad,
por los problemas arriba descritos. Finalmente, se pide fortalecer el
sistema de acreditación de la calidad de las universidades públicas o privadas.
Si verdaderamente este gobierno
quiere solucionar el problema, debe buscar mejores mensajeros para lograr lo
que el pueblo exige. De lo contrario, seguiremos estancados mientras ilusos periodistas abogan por la "libre competencia" y el "ejercicio pleno de
la democracia".
Miraflores, 19 Julio 2013.
